Lo de viajar y quedarte en un hotel está pasado de moda. Los jóvenes, sobre todo, encuentran alternativas útiles alojarse en hoteles y pasan a buscar pisos en alquiler para pasar unas vacaciones.
Una alternativa liderada por Airbnb que, sin tener ni una sola habitación en propiedad, está siendo la causante de que los precios de arrendamiento suban como la espuma.
La idea surgió de Brian Chesky y Joe Gebbia, dos diseñadores de San Francisco que decidieron poner un par de colchones en su casa para poder alquilarlos durante la temporada de un congreso que había dejado sin plazas a los hoteles de su ciudad. De ahí nació Airbnb, presente en 191 países y, dentro de poco, en bolsa también. Una idea que surgió de la crisis y que ahora vale 26.500 millones de euros.
Ahora, a la administración parece habérsele ido de las manos. Lo que parecía como una actividad de intercambio para ganarse “unos eurillos” se ha convertido en algo más. Poco menos de la mitad de los anuncios en algunas ciudades de nuestro país corresponden a operadores que tiene más de una propiedad, lo que lo convierte en un negocio encubierto.
¿Suben los precios de los pisos en alquiler?
Algunos le llaman el efecto Airbnb. La inflación de los precios del alquiler de pisos en determinadas zonas por la idea de sacar el máximo rendimiento ha elevado los precios de muchos barrios de nuestro país cuyos habitantes no llegan a la media y han tenido que dejar sus casas.
En Madrid, por ejemplo, las empresas que utilizan la plataforma como canal de comercialización han de lucir una placa visible, registrarse como empresa turística y cumplir la normativa sectorial de turismo en seguridad, accesibilidad o medio ambiente.
Pero no es la única ciudad que ha puesto normas para frenar el uso indiscriminado de estas formas de economía colaborativa. Desde Nueva York hasta Berlín, multitud de ciudades ponen de su parte para evitar la comprar de inmuebles para usos fraudulentos.
La Comisión Europea ha salido en defensa de la economía colaborativa recomendando a las administraciones que contemplen la prohibición como último recurso.
